La Iniciativa Mérida (IM), a veces llamada Plan Mérida o Plan México, es un proyecto internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos, en acuerdo con México y con los países de Centroamérica, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el presidente George Bush, el 30 de junio del 2008.
La Iniciativa Mérida tardaría varios meses para ser organizada e implementada. Entre las instituciones norteamericanas que estaban involucradas, se encuentra el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, el FBI, la Agencia Antidrogas DEA y, por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Los recursos y su destino
El 17 de enero de 2007, los diputados estadunidenses Henry Cuéllar y Silvestre Reyes presentaron la “Prosperous and Secure Neighbor Alliance of 2007”, documento clave para lo que posteriormente se llamaría Plan México o Iniciativa Mérida. Desde su gestación y aprobación, fue clara la autoría estadounidense de dicho plan, el gobierno en turno encabezado por Felipe Calderón solo atinó a rebautizarlo como “Iniciativa Mérida: Un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”.
De acuerdo con la información disponible en la página de la Embajada de Estados Unidos en México, el Congreso estadounidense asignó más de 2 mil 300 millones de dólares a México, y hasta la fecha ha entregado mil 600 millones de dólares, en equipo y entrenamiento.
La mayoría de los recursos han sido focalizados a la compra de aeronaves, equipos de vigilancia marítima, en puertos internacionales y sistemas fronterizos de telecomunicaciones, destinados a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Policía Federal (PF). En segundo lugar, el presupuesto se ha distribuido hacia la creación del nuevo sistema de justicia penal y mejora de academias de cinco estados del país. En tercer lugar, se ha transferido apoyo para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) para la detección de productos ilegales y la inspección aduanera en puertos y aeropuertos. Finalmente, los rubros que menos recursos han recibido ingresos son los referentes a los programas de reducción de la demanda de drogas, tribunales para el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
La lucha contra el narcotráfico, en la actualidad
En el marco de la estrategia actual de seguridad, Enrique Peña Nieto señaló en el Sexto Informe de Gobierno, que en su sexenio se logró la captura de 110 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno Federal, identificados como líderes de cárteles o de organizaciones criminales, que representaban alta peligrosidad para la sociedad mexicana. Aunque Peña Nieto presumió un logro de su gobierno, para algunos especialistas la estrategia de descabezamiento no sólo no dio los resultados esperados, sino que exacerbó la violencia. El mes pasado, el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), David Petraeus, dijo durante su visita a México que la estrategia de descabezamiento de cárteles era algo «necesario, pero no suficiente».
En el último informe, antes de que deje la presidencia el 30 de noviembre de 2018, Peña Nieto también informó sobre los resultados en la «lucha contra el narcotráfico» que son considerados el sostén del Plan Mérida, para crear «la estructura fronteriza del Siglo XXI». Los números muestran que 2017 fue el año con la mayor erradicación de cultivos de amapola, con 28 mil 916 hectáreas erradicadas, pero un bajo aseguramiento de armas, con 7 mil 301 unidades.
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