La organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley, en la cual los actos del estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo, guiados por los principios de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales de convivencia, se trata del estado de derecho.
En nuestro país, el estado de derecho se encuentra representado por los poderes del estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Un estado de derecho de manera universal, debe tener un mandato fundamental como la Constitución, en el caso de México. Además, debe garantizar todos los derechos y libertades. Del mismo modo, la administración se debe encontrar limitada por la ley.
Entonces, se conoce al estado de derecho como un conjunto de leyes y normas que debemos cumplir para vivir en armonía. La ley más importante que tenemos los mexicanos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ciudad de México la Constitución de la CDMX. Sin embargo, en ocasiones las estructuras de los sistemas en el país, tienen diversas inconsistencias que afectan al funcionamiento del estado de derecho.
El estado de derecho, que significa el respeto a las instituciones y un funcionamiento digno y certero de la justicia, no siempre está presente en México, y eso lo afirman las estadísticas. En ese sentido, en el país, el estado de derecho debe garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos sin distinción alguna, y que la administración del estado y de la justicia, se realicen con estricto apego a la ley y al derecho.
Además, para que esto sucede se necesita un estado en que los funcionarios públicos sean servidores del pueblo y no sus patrones, en el que los jueces sean justos y no soberanos de la impunidad, en el que los fiscales sean perseguidores del crimen y no verdugos serviles a las órdenes poderes ocultos. El estado de derecho no llega mágicamente, se construye con trabajo, exigencias y participación ciudadana. No sirve de nada quejarse, si no eres un ciudadano participativo e informado.