Nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto, propuso nuevos cambios en su gabinete.
Ahora le toca a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque todavía deben ser aprobados por el Senado.
El nombramiento de Arely Gómez González y de Raúl Cervantes Andrade, tienen la finalidad de «reforzar» el Sistema Anticorrupción y «mejorar» la fiscalía.
El año pasado, Arely Gómez entró a sustituir a Murillo Karam en la Procuraduría General, en marzo del 2015, pero también es senadora con licencia, desde el año 2012, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). ¿Qué raro no?
Raúl Cervantes Andrade, quien en su momento fuera integrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es abogado, político y empresario, también senador con licencia por el mismo partido; ha sido diputado en dos ocasiones, 2000-2003 y 2006-2009.
Peña Nieto afirmó que Arely Gómez, como nueva secretaria de Función Pública, tendrá que trabajar de la mano con la sociedad y con el Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que Cervantes Andrade, deberá trabajar con el Congreso y la academia, para así desarrollar un mejor modelo de Fiscalía General de la República, que atienda al mejoramiento de la justicia penal, que esté a la altura de las exigencias sociales y de las necesidades del país.
El abogado de los padres de los 43 normalistas de Iguala, Vidulfo Rosales, aseguró que la salida de Arely Gómez de la PGR, representa un retroceso en las investigaciones del caso, ya que ella siempre mostró interés y compromiso.
«Se avanzó un poco en líneas adicionales al basurero de Cocula, porque éste no nos ofrece ninguna perspectiva de verdad y de justicia.»
El Estado tiene que corregir muchos principios constitucionales. Habrá que ver si estos cambios en el gabinete de Peña Nieto son los correctos.
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