Ante el grave problema que representa, el gobierno busca elevar esta actividad al grado de delito grave.

En el 2012, el robo de combustible costó 7,400 millones de pesos a Pemex. Cinco años después, la cifra ya alcanzó los 30,000 millones de pesos. En los cinco años que van de este sexenio, lo robado supera los 70,000 millones de pesos, mientras que las perforaciones de ductos se han multiplicado por cinco. Lo robado es equivalente a 4,000 millones de dólares. Con ese dinero se podría construir una refinería mediana/grande o fortalecer el programa de inversiones de la petrolera. En vez de eso, fue a parar a grupos criminales que tienen poder creciente.

Ni siquiera la inversión multimillonaria en sistemas de monitoreo de los ductos y el plan de transportar por separado los componentes de la gasolina, anunciado con pompa y circunstancia a principios del 2015, pudo contra este delito. Tampoco le afectó significativamente la campaña militar y mediática en contra del huachicol, realizada entre abril y mayo del año pasado.

Se ha expandido la “mancha”, donde el robo de combustible alcanza una escala industrial. Antes eran tres estados: Puebla, Veracruz e Hidalgo. Ahora el robo es significativo en otras seis entidades: Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Sin embargo, con la próxima entrada del nuevo presidente de México, su gabinete y demás compinches no se han hecho esperar, y tal es el caso del presidente del Senado, Martí Batres, quién ya presentó nuevas prioridades legislativas, que pondrán a los grupos parlamentarios como urgentes para el presente periodo ordinario, entre las que se encuentra elevar a delito grave el robo de hidrocarburos.

En el aumento desaforado del robo del combustible influye la entrada en escena del crimen organizado. Éste se ha apoderado de la tajada del león en un negocio que ya vale más de 1,600 millones de dólares anuales, y registra tasas de crecimiento de 50-60% anual. Su entrada al negocio complica la solución: emplean armas de alto poder, operan a través de comandos y utilizan tecnología de punta para hacer la ordeña. La organización sofisticada de los criminales, contrasta con el desorden del Estado mexicano y la debilidad de Pemex, la víctima principal de este delito.

Pemex es la víctima principal del delito, pero es una víctima peculiar. Llama la atención la ineficacia de las estrategias que ha puesto en marcha y la opacidad en la rendición de cuentas sobre las mismas.

Fuente: El Economista

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