En el Senado mexicano fue aprobada la Ley de la Industria Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, el día 3 de marzo del 2021. Esta reforma beneficiaría a la generación de energía mediante la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de las empresas privadas.
Pero, ¿por qué esta reforma daría resultados positivos? Las plantas hidroeléctricas tendrían los privilegios, así como la planta nuclear y las centrales geotérmicas y termoeléctricas de la CFE. Además, también obligaría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a verificar y darle permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica.
Esto quiere decir que se está buscando imponer una mejor estructura en el sistema eléctrico nacional, logrando librarse de los abusos de empresas particulares que están en el mercado, además de que desaparecerían las subastas obligatorias para la compra de energía complementaria a las empresas particulares.
Finalmente, los contratos de compraventa de energía eléctrica con productores que son independientes serán verificados para poder avalar su rentabilidad para el gobierno federal.
Analistas y la Comisión Federal de Competencia (COFECE) aseguran que esta reforma estaría limitando la competencia, además de que desmotiva y excluye a la generación de las energías más limpias como la solar y la eólica.
No solamente evitarían que los proyectos que utilicen energías renovables estén en riesgo, sino que también se está hablando de problemas económicos. Afirman que esta reforma podría producir que todos los mexicanos terminen pagando subsidios de electricidad más costosa.
Uno de los mayores problemas que ha tenido México es la falta de capacidad para invertir en infraestructura eléctrica, por lo que la energía es fundamental para un buen desarrollo. Sin embargo, el gobierno actual se comprometió a no subir el precio de la electricidad, así que cualquier aumento de precio que se dé por motivos de esta reforma tendría que ser compensado con subsidios.
De cualquier forma, la ley ya ha sido aprobada y sólo faltaría observar los resultados y el impacto socioambiental que tenga en México. Si las amenazas tienden a ser mayores, es posible que se abogue por una revocación.
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