La madrugada del 19 de agosto de 2022, el obispo Rolando Álvarez fue detenido por autoridades de Managua. La policía irrumpió en la curia de Matagalpa, donde el obispo permanecía sitiado desde hacía dos semanas y lo trasladó a Managua donde se mantiene bajo resguardo domiciliario. Con esto se enmarca un nuevo enfrentamiento entre la Iglesia católica y el gobierno.

Considerado la última voz crítica del gobierno nicaragüense, Rolando Álvarez utilizaba su púlpito para denunciar las detenciones arbitrarias así como la supresión de derechos que sufría todo aquel que se pronunciara en contra del gobierno de Daniel Ortega. El arresto del obispo fue la acción más agresiva y violenta del presidente contra la Iglesia.
La institución había sido la única en escapar de su control tras quince años de mandato, sin embargo, el año pasado Daniel Ortega comenzó a terminar con los pocos críticos que quedaban en la política, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, los negocios, la cultura y las iglesias católicas del país.
Nicaragua es uno de los países con un vasto número de creyentes religiosos, aunque en los últimos tiempos la Iglesia, más allá de ser un consuelo espiritual, se había convertido en el único lugar donde las personas podía expresarse sin temor a represalias o escuchar la opinión de personas que no estaban aleccionadas al gobierno de Ortega.
Con 15 años de gobierno ininterrumpido, Daniel Ortega amasó su gobierno bajo políticas autoritarias que derivaron en una represión sistemática que año con año le resta popularidad, por lo que tomó medidas para que los últimos disidentes no representaran una amenaza de cara a los próximos comicios a celebrarse en noviembre.
Con la detención del obispo Álvarez, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación «por la grave obstrucción del espacio democrático y cívico en Nicaragua”. Expertos, activistas y exfuncionarios mencionan que esto demuestra los cimientos de un próximo estado totalitario en centro América.

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